Ciudad de México, 16 de enero de 2020 Lograr una respuesta nacional a la problemática de las personas desaparecidas y sus familiares es uno de los grandes retos humanitarios que aún enfrenta México a dos años de entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición. Esta ley significó un gran paso en el reconocimiento y la atención del problema por parte de las autoridades. Según cifras oficiales actualizadas recientemente, en el país hay 61.637 personas desaparecidas. Es un problema de dimensión nacional que requiere un esfuerzo de coordinación en los diferentes niveles de gobierno federal y estatal para dar soluciones y responder a las necesidades de miles de familias que siguen sin conocer noticias sobre el paradero de sus seres queridos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trabaja en estados como Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Baja California. Una respuesta nacional y coordinada implica el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda, la creación del Sistema Único de Información Tecnológica en Informática (SUITI) y la aprobación del protocolo homologado de búsqueda, entre otros procedimientos de identificación forense. “La aprobación de algunas leyes estatales es un avance significativo; sin embargo, habrá que redoblar esfuerzos para que estas sean efectivamente puestas en práctica y para avanzar, también, en la mayoría de los estados donde todavía no hay marco legal adecuado”, aseguró Jordi Raich, jefe de la delegación regional del CICR para México y América Central. Estas leyes estatales son indispensables para consolidar comisiones locales y fiscalías especializadas, crear mecanismos de coordinación entre autoridades y consejos ciudadanos, garantizar presupuesto y, lo más importante, favorecer la vinculación con el sistema nacional de búsqueda. “El desarrollo de esta respuesta requiere compromiso, involucramiento y coordinación de diversas autoridades, como fiscalías, comisiones de búsqueda, servicios forenses e instituciones de seguridad pública”, agregó Raich. Apoyo a las familias La Ley General, que implica el reconocimiento y la atención de las autoridades al problema de las personas desaparecidas y sus familiares, puede considerarse en sí misma un acierto, pero su efectiva puesta en marcha, con las familias siempre al centro, será lo que defina su éxito. El CICR trabaja con colectivos de familiares de personas desaparecidas para fortalecer su participación en el proceso de búsqueda e identificación. “Es vital que las autoridades garanticen el involucramiento de las familias durante todo el proceso, respetando el principio de participación conjunta, que es parte esencial de la ley”, agregó Raich. El CICR reconoce además en estos dos años avances significativos como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la creación de 29 Comisiones Estatales de Búsqueda, el acuerdo sobre el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la presentación de la plataforma digital para el registro de personas desaparecidas, y la aprobación de algunas leyes estatales construidas en procesos participativos. Uno de los aspectos más valiosos de la ley es que incorpora un enfoque humanitario, al centrar la atención de las autoridades en las necesidades humanitarias de las personas desaparecidas y sus familiares. “Reiteramos todo nuestro apoyo técnico y de acompañamiento a las autoridades y las familias en la implementación de la ley, así como en la elaboración de las leyes estatales que aún están pendientes”, puntualizó el jefe de la delegación regional.
